Por Redacción:
Ciudad de México, viernes 26 de septiembre de 2025. La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 años que falleció en Durango tras someterse a un aumento de pecho en una clínica privada, desató una discusión nacional que ya aterriza en preguntas concretas: ¿debe prohibirse la cirugía estética en menores de edad, o fijar requisitos extraordinarios (doble consentimiento, evaluaciones psicosociales, comités de ética, sedes hospitalarias de alta complejidad)? El caso —denunciado por el padre de la menor, quien asegura que no fue informado y que se enteró de la intervención en el funeral— está en investigación de la Fiscalía de Durango y ha derivado en la suspensión del cirujano señalado por el colegio profesional, mientras organizaciones médicas, legisladores y autoridades sanitarias admiten lagunas normativas para adolescentes. La crónica de los hechos, confirmada por reportes de referencia, sitúa la operación el 12 de septiembre y la defunción el 20 de septiembre, con una cadena de complicaciones que incluyó paro cardiorrespiratorio, edema cerebral, coma inducido e intubación; el padre presentó denuncia contra la madre, el médico y la clínica. El
El debate que siguió en las últimas 48 horas no gira solo en torno a una clínica o a un cirujano. El País subraya que, si bien en México la Ley General de Salud exige que cualquier procedimiento quirúrgico de especialidad sea realizado por médicos con cédula y entrenamiento acreditado en instalaciones con licencia sanitaria, no hay una regla específica que establezca edades mínimas o barreras adicionales para procedimientos estéticos en menores; la ley no diferencia entre una apendicectomía necesaria y una mamoplastia con fines cosméticos cuando el paciente tiene menos de 18 años. Esa zona gris —dicen los expertos consultados— es lo que el caso de Paloma Nicole pone bajo el reflector.
A nivel sanitario, la Cofepris recuerda que los establecimientos donde se practican cirugías estéticas deben cumplir con licencia y con normas oficiales de infraestructura (como la NOM-016-SSA3-2012) y de anestesiología (NOM-006-SSA3-2011), además de alta directiva específica para procedimientos estéticos; pero de nuevo, allí no se ordena un candado etario ni filtros reforzados por tratarse de adolescentes. El vacío operativo es claro: lo técnico está regulado, el “quién” y “dónde” también, pero no el “a qué edad y bajo qué excepcionalidad” para cirugías cuyo fin es cosmético.
En el frente legislativo y de política pública, medios especializados recuerdan que en 2023 el Congreso endureció el artículo 79 de la Ley General de Salud para que solo médicos con título y cédula de especialidad puedan realizar cirugía plástica y reconstructiva, pero no tocó el tema de edades ni de consentimiento reforzado para menores. A raíz de la muerte de Paloma, académicos y colectivos proponen importar estándares de otros países: prohibición de ciertos procedimientos estéticos en menores, doble consentimiento parental, periodo de reflexión, dictamen de psicología clínica y comités que evalúen el beneficio médico frente al riesgo en adolescentes.
La presión social escaló con rapidez. Portales de alcance nacional documentaron que el colegio de cirugía plástica suspendió al especialista identificado como Víctor “N.” mientras corren las diligencias, y que la Fiscalía recaba peritajes, historial clínico, consentimientos y videos. En paralelo, notas y columnas —incluida una ampliamente difundida de Infobae— señalan que en la práctica se estarían realizando en menores procedimientos combinados (implantes, lipoescultura, lipotransferencia) sin el blindaje institucional que requiere ese perfil de riesgo. El dato estructural que ancla la discusión: Cofepris ha clausurado 97 clínicas clandestinas de estética en tres años, lo que dibuja un ecosistema con islas de excelencia y zonas de opacidad.
En términos legales, especialistas consultados por la prensa apuntan a dos carriles. Penal: homicidio culposo y lesiones por negligencia profesional, además de omisión de deberes de cuidado y encubrimientos. Administrativo/civil: faltas sanitarias, mala praxis, suspensión del ejercicio profesional y reparación del daño. Pero el expediente ya trasciende lo punitivo: abre la puerta a discutir una reforma puntual que incorpore candados para cirugías no terapéuticas en menores, algo que titulares y análisis en Newsweek en Español, El Financiero, N+Más y El País colocan hoy en la agenda.
El padre de Paloma, Carlos Arellano, ha dicho que lo engañaron sobre el viaje y el origen de las complicaciones —primero le hablaron de COVID-19— y que la verdad se reveló cuando vio indicios quirúrgicos en el cuerpo de su hija; esa narración, recogida en crónicas de México y EE. UU., explica por qué la denuncia apunta no solo al médico y la clínica, sino también a la madre de la menor. Fuera de la esfera forense, el caso desató un repliegue ético: médicos, comunicadores y activistas piden frenar la “normalización” de la cirugía estética en adolescentes y etiquetan la práctica sin indicación médica como una forma de violencia estética.
Si algo deja nítido esta semana es la asimetría entre la sofisticación de la cirugía plástica disponible y la fragilidad de las reglas para menores. A la espera de peritajes y de una cronología oficial, lo verificable es: hubo cirugía estética a una adolescente de 14 años en Durango, un deceso tras siete días de agonía, investigación penal en curso, suspensión del médico por la asociación profesional, y una discusión legal y sanitaria sobre edad, consentimiento y umbral de seguridad que México no ha resuelto todavía. Lo que sigue —si el impulso público se convierte en política— será definir límites etarios, filtros de excepcionalidad, entornos hospitalarios obligatorios y mecanismos de supervisión capaces de evitar que otra familia recorra la misma ruta.
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