Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, luego de que la Fiscalía de Morelos no lograra presentar pruebas contundentes que acreditaran su culpabilidad. El fallo judicial se produce mientras en Chihuahua cinco personas fueron procesadas por delincuencia organizada con fines de tráfico de personas, y en la Ciudad de México cuatro ciudadanos colombianos fueron detenidos por el robo de 739 piezas de joyería valuadas en aproximadamente 400,000 pesos.
El caso de Samir Flores, defensor comunitario opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), quedó en la impunidad después de más de cuatro años de proceso judicial. Medios nacionales criticaron la pobre investigación de la fiscalía estatal, que no pudo consolidar las acusaciones contra el único imputado a pesar de que el crimen conmocionó al movimiento ambientalista y social del país.
De manera paralela, autoridades judiciales en Chihuahua impusieron prisión preventiva oficiosa a cinco individuos identificados como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N, por su presunta participación en delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas. El proceso se desarrolla en Ciudad Juárez, una de las zonas con mayor flujo migratorio del país.
En la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, de 52, 48, 43 y 24 años, por el robo de joyería. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales, según informaron las autoridades. Todas las piezas robadas fueron aseguradas.
Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Jalisco, un juez vinculó a proceso a siete personas por portación de armas de fuego. Los implicados fueron identificados como Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N, quienes enfrentarán proceso penal por este delito.
La absolución en el caso Flores evidencia los persistentes desafíos en la procuración de justicia en casos de alto perfil en México, particularmente aquellos que involucran a defensores de derechos humanos y ambientales. Organizaciones civiles han señalado que la impunidad en estos crímenes envía un mensaje de vulnerabilidad para los activistas.
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