Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) admitió que el complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco, vinculado a la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue contaminado por el ingreso de personas no autorizadas, lo que comprometió posibles evidencias como narconóminas y registros financieros. El hecho ocurrió durante febrero de 2026, aunque el comunicado oficial se emitió hasta el 16 de marzo, donde la dependencia que encabeza Ernestina Godoy justificó la falta de resguardo inmediato por considerarlo una zona de alto riesgo, a pesar de que reportes periodísticos y versiones militares señalaron la presencia de elementos castrenses en el área.
La FGR detalló que el enfrentamiento donde fue abatido ‘El Mencho’ ocurrió en una zona de campo abierto, despoblada y alejada de las cabañas, aunque otras fuentes, citando al general Trevilla, indicaron que hubo un enfrentamiento previo y violento en los inmuebles con bajas militares. La dependencia federal mencionó ‘pérdida de vidas humanas’ durante el operativo, sin precisar cifras, mientras versiones no oficiales hablaron de al menos dos militares fallecidos.
La contaminación de la escena, que involucró seis inmuebles, impidió a la FGR validar hallazgos reportados públicamente, como supuestas narconóminas, lo que afecta la cadena de custodia y futuras investigaciones sobre la estructura y corrupción vinculada al CJNG. Medios como ‘El Universal’ documentaron el acceso de periodistas al lugar sin escolta al día siguiente, lo que contradice la justificación oficial de la falta de seguridad.
La FGR anunció una investigación interna sobre posibles irregularidades de servidores públicos en el caso, aunque no proporcionó fechas ni detalles del proceso. La dependencia tampoco identificó a las ‘personas no autorizadas’ que ingresaron a las cabañas ni su motivación, lo que abre interrogantes sobre el manejo de una escena del crimen de alta relevancia nacional.
El caso generó críticas por la aparente negligencia en el aseguramiento del lugar, especialmente por tratarse de un operativo contra el narcotraficante más buscado de México. La demora en actuar pone en riesgo evidencias cruciales para desarticular redes de corrupción y financiamiento del CJNG, además de exponer contradicciones entre versiones oficiales y reportes sobre el terreno.
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