Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con el inicio de la construcción de un muro negro en la frontera con México, el fallecimiento de un solicitante de asilo bajo custodia y el retiro del jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, en medio de crecientes críticas por redadas en ciudades estadounidenses. Los operativos, que incluyen una inversión de 4,500 millones de dólares para reforzar 370 kilómetros de barrera, han generado tensión política y preocupación por los derechos de los migrantes.
El proyecto de infraestructura, que incluye 110 kilómetros de muro entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, es parte de un plan más amplio de seguridad que también involucra al Comando Norte y Sur de Estados Unidos. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga la muerte de Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas después de presentar dificultad respiratoria. La causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada.
En un movimiento interno significativo, Gregory M. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, fue retirado de su cargo. Aunque no se especificó si su salida fue voluntaria o forzada, ocurre en un contexto donde agentes fronterizos han sido desplegados en operativos migratorios en ciudades del interior del país, como Minneapolis, donde según reportes dos ciudadanos estadounidenses murieron en incidentes relacionados.
Durante una audiencia congresional, la representante Chrissy Houlahan cuestionó al secretario asistente Joseph M. Humire sobre la posibilidad de que Trump ordene un despliegue militar durante las próximas elecciones. Humire se reservó la respuesta, mientras que altos mandos militares, incluidos los generales Gregory M. Guillot y Francis L. Donovan, afirmaron que no acatarían una orden ilegal, revelando tensiones en la cadena de mando.
Estas políticas migratorias restrictivas se dan en un país donde cerca de 38.8 millones de personas son de origen mexicano, una comunidad que observa con preocupación el giro en las políticas de asilo y control fronterizo. Las acciones de la administración Trump continúan generando debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y la protección de los derechos humanos de migrantes y refugiados.
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