Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó reiteradamente a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a la defensa. El imputado, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, había denunciado violaciones a su derecho de defensa mediante una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que derivó en la intervención judicial.
La resolución de la jueza Mariana Vieyra Valdés, emitida en marzo de 2026 desde el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, concede un plazo adicional de 90 días para realizar una investigación complementaria. La medida busca subsanar la vulneración procesal generada por la negativa de la FGR de facilitar acceso completo al expediente de la causa penal 325/2025.
El caso del exvicealmirante Farías Laguna gira en torno a la presunta operación de una red de contrabando de combustible –conocida como ‘huachicol fiscal’– que habría utilizado estructuras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La organización criminal, señalada bajo el nombre de ‘Los Primos’, estaría vinculada con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas durante marzo de 2025.
El despacho defensor Epigmenio Mendieta logró obtener una tutela de derechos que obliga a la fiscalía a transparentar las evidencias, después de que la FGR incumpliera un plazo de cinco días para entregar los documentos. La defensa alega que sin acceso integral a la carpeta de investigación no puede preparar adecuadamente la estrategia legal.
El hermano del imputado, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también está vinculado al caso pero se encuentra prófugo de la justicia. El involucramiento de altos mandos navales en presuntas redes de crimen organizado representa un desafío significativo para las instituciones de seguridad del país.
El desarrollo de esta investigación complementaria en los próximos tres meses podría revelar mayores alcances de la operación criminal y examinar posibles complicidades dentro de dependencias gubernamentales, en un caso que pone bajo escrutinio los mecanismos de control en el sector energético y aduanero.
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