Sheinbaum impulsa 'Plan B' electoral que oposición califica de autoritario

Por Redacción

La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ electoral, que busca modificar el sistema de partidos políticos y el mecanismo de revocación de mandato, generando un intenso debate político en el Senado de la República. La propuesta, que llega en el contexto de la preparación para las elecciones de 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y presidencias municipales, ha sido defendida por el gobierno como un avance democrático, pero calificada por la oposición como una maniobra autoritaria para concentrar poder.

La iniciativa presidencial plantea, entre otros cambios, una reducción en el número de partidos políticos con registro y una redefinición del proceso de revocación de mandato. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que la reforma busca fortalecer la democracia y no representa un uso de tiempos oficiales para campaña gubernamental, como han señalado sus críticos. “Es una propuesta para modernizar nuestro sistema político y hacerlo más eficiente”, declaró la mandataria, quien mantiene niveles de popularidad cercanos al 70%.

Sin embargo, la oposición ha reaccionado con contundencia. Alejandro Moreno, presidente del PRI, acusó a la administración de Sheinbaum de buscar una “hegemonía política” que afectaría la autonomía municipal y debilitaría los contrapesos institucionales. “Es un intento claro de modificar las reglas a su favor en vísperas de un proceso electoral crucial”, señaló Moreno. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que la reforma podría “vulnerar la independencia de los órganos electorales” y abrir la puerta a un uso discrecional de los recursos públicos.

El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, añadió su voz crítica desde el análisis experto. Córdova expresó preocupación por el posible impacto en la equidad de la contienda y señaló que cualquier cambio de esta magnitud requiere un amplio consenso social y político, no una aprobación apresurada. “La reforma electoral debe ser producto del diálogo, no de una imposición mayoritaria”, afirmó.

El contexto político es complejo. La discusión del ‘Plan B’ coincide con el proceso de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que ha llevado a algunos analistas a sugerir que el gobierno busca capitalizar su popularidad para impulsar cambios estructurales. Aunque Morena, junto con sus aliados del PVEM y el PT, cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma en el Congreso, la oposición del PRI, PAN y MC promete una batalla legislativa intensa y posiblemente acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta de detalles públicos sobre el texto completo de la iniciativa, el número específico de artículos constitucionales a modificar y la postura oficial definitiva del PVEM y el PT tras las negociaciones, ha generado incertidumbre. Los críticos insisten en que, de aprobarse, la reforma podría configurar un escenario de ventaja institucional para el partido en el poder en las elecciones de 2027, consolidando un modelo de gobierno que, según ellos, erosiona los controles democráticos.