Denuncian especialistas daño arqueológico en Tren Maya

Por Redacción

Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de estructuras mayas y la manipulación irregular de monumentos en proyectos como el parque Balam Tun, bajo el argumento de obras de desarrollo.

Entre los señalados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH; Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo; y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. También se menciona a miembros del Consejo de Arqueología como responsables de autorizar o permitir estas acciones. Los denunciantes, pertenecientes a la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, indican que se trata de un conflicto interno por la gestión del patrimonio.

Según datos de la investigación, más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas hasta 2026, cifra que corresponde a estimaciones del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer. Asimismo, se reportan 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y 36 piezas arqueológicas reubicadas en el parque Balam Tun, donde se acusa una deconstrucción y recombinación de piezas que altera su contexto original.

Las denuncias apuntan a la utilización de dinamita y retroexcavadoras para destruir monumentos en sitios de Campeche, Xpujil y Chetumal. Aunque los especialistas preparan la acción legal, la investigación no especifica aún la autoridad exacta ante la cual se presentará el caso ni se han hecho públicas las evidencias documentales o periciales que respalden las acusaciones de forma definitiva.

Este escándalo pone en evidencia la tensión entre los objetivos de infraestructura del gobierno federal y la preservación del patrimonio cultural. Los expertos advierten que las acciones realizadas podrían constituir delitos contra la arqueología nacional, aunque falta definir el marco legal específico y las sanciones aplicables a los funcionarios señalados.

La respuesta oficial de los acusados o del INAH como institución aún está pendiente. Mientras tanto, la comunidad académica y cultural espera que se aclare la veracidad de los hallazgos y se detenga cualquier intervención que ponga en riesgo los vestigios de la civilización maya en la península de Yucatán.