Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición integrada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentando que la agencia federal actuó ilegalmente al eliminar protecciones ambientales basadas en consenso científico.
El litigio cuestiona directamente la decisión tomada en febrero de 2026 por la administración Trump, mediante la cual se revocó una conclusión científica establecida en 2009 que determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Los demandantes sostienen que esta medida contraviene el conocimiento científico aceptado y deja sin amparo legal a la población frente a los riesgos climáticos.
La conformación de los demandantes abarca una amplia representación geográfica y política, incluyendo a 24 estados así como diversas ciudades y condados que buscan frenar los efectos de la política ambiental federal actual. La estrategia legal busca invalidar la acción ejecutiva que desmanteló los marcos regulatorios previos sobre emisiones contaminantes.
Se prevé que esta nueva demanda se sume a una acción legal anterior presentada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado la legitimidad de los cambios implementados por la EPA. La convergencia de estos esfuerzos legales refleja la oposición coordinada de sectores gubernamentales subnacionales y organizaciones civiles ante la dirección de la política ambiental de la Casa Blanca.
El caso queda ahora bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se determinará la validez jurídica de la revocación de los límites a los gases de efecto invernadero. La resolución de este tribunal podría tener implicaciones significativas para la regulación ambiental en todo el territorio estadounidense y definir el alcance de las competencias federales en materia de cambio climático.
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