Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a una exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia celebrada el 19 de marzo en la Ciudad de México. La decisión judicial establece un plazo de dos meses para la investigación y ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien quedará resguardada en el penal de Santa Martha Acatitla.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la investigación de ambas mujeres en el contexto de los delitos relacionados con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Dentro de las líneas de indagatoria se encuentra la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, documentos clave para el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace más de una década.
Existen discrepancias en las fuentes consultadas respecto a la tipificación exacta de los delitos por los cuales se vincula a las acusadas. Mientras algunas referencias apuntan a delitos contra la salud, otras especifican la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados como los motivos de la acción penal. No se ha aclarado si ambas exfuncionarias enfrentan los mismos cargos o si la vinculación deriva directamente del caso Ayotzinapa o de hallazgos colaterales durante la investigación.
El caso de Ayotzinapa, que involucra a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, continúa siendo uno de los expedientes más complejos para el sistema de justicia mexicano. La incorporación de exfuncionarias estatales al proceso judicial marca un nuevo capítulo en las diligencias que buscan determinar responsabilidades en la cadena de mando y operativa que permitió la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero.
Con la emisión de la prisión preventiva para Blanca María del Rocío Estrada Ortega, la autoridad judicial busca garantizar su presencia durante el resto del procedimiento legal. La investigación seguirá su curso durante los próximos 60 días, periodo en el cual la FGR deberá recabar elementos probatorios para sustentar las acusaciones formales en contra de las implicadas.
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