Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador de las acusaciones por financiamiento ilícito al partido Morena, cerrando definitivamente el caso que se originó en agosto de 2020. La resolución judicial concluyó que no existen pruebas contundentes que vinculen al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador con delitos electorales.
El caso surgió tras la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero en efectivo de David León Romero. Las imágenes fueron publicadas por el medio Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola, y mostraban montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos.
Pío López Obrador ha declarado públicamente que no ha cometido ninguna falta o delito. Sin embargo, los videos constituyen evidencia visual que contrasta con sus afirmaciones. La magistrada Mónica Soto participó en la resolución de la Sala Superior que determinó el cierre del procedimiento.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había cerrado la investigación en 2021 por prescripción de los hechos. Posteriormente, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022 por falta de elementos para proceder. Pío López Obrador impugnó el caso ante el TEPJF en octubre de 2020.
Las contradicciones del caso radican en que la resolución del TEPJF concluye que no hay pruebas contundentes de financiamiento ilícito, mientras que las fuentes periodísticas enfatizan la evidencia visual de los videos y la falta de rastreo del dinero. Los videos no tuvieron valor probatorio para el tribunal según la resolución.
El cierre definitivo del caso en marzo de 2026 pone fin a un proceso que se extendió por nearly seis años. Durante este periodo, Andrés Manuel López Obrador realizó declaraciones públicas en 2020 defendiendo a su hermano.
Resta conocer el resultado o estado actual de la demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola por afectaciones a su prestigio, información que no fue especificada en la resolución del TEPJF. La ubicación geográfica exacta donde se grabaron los videos en 2015 solo se menciona como el estado de Chiapas.
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