Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revocado el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La medida ha generado una discrepancia técnica entre los argumentos de las organizaciones afectadas y la autoridad fiscal, centrada en la validez de las acreditaciones emitidas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja del registro, mientras que el resto enfrenta procesos de revocación o incertidumbre sobre su situación fiscal. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y destacó que obtuvo la acreditación correspondiente por parte de la SECIHTI para justificar sus actividades.
Sin embargo, el SAT ha motivado la cancelación del estatus bajo el argumento de que la SECIHTI no contaba con las atribuciones legales necesarias para acreditar dichas actividades ante la autoridad tributaria. Esta contradicción entre lo dispuesto por una secretaría de estado y la interpretación del SAT deja a las organizaciones en un limbo jurídico, pues cumplieron con los requisitos solicitados en su momento, pero ahora ven invalidados dichos documentos por un cambio en la interpretación de las competencias gubernamentales.
La situación afecta a un amplio sector de la sociedad civil que depende de este estatus para recibir deducibles de donativos, lo cual es vital para su financiamiento y operación. Aunque se menciona que el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el 18 de noviembre, no se ha divulgado la resolución final de dicho trámite ni los detalles específicos de las nuevas disposiciones que ahora exigen para la acreditación de actividades.
Este movimiento del SAT se da en un contexto donde existen narrativas internacionales sobre la criminalización de organizaciones no gubernamentales, aunque no se han proporcionado datos específicos que vinculen directamente este caso mexicano con fenómenos globales. La falta de claridad en la lista completa de las más de 100 entidades afectadas y la ausencia de fechas precisas de notificación mantienen la incertidumbre entre el tercer sector.
Las organizaciones afectadas enfrentan ahora el desafío de navegar un nuevo marco de requisitos sin que esté completamente definido el procedimiento de transición o las garantías para aquellas que actuaron de buena fe bajo las reglas anteriores. La controversia entre la SECIHTI y el SAT sobre las atribuciones para acreditar actividades subraya la necesidad de coordinación entre las dependencias del gobierno federal para no obstaculizar el trabajo de la sociedad civil.
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