Pajapan, 24 de marzo de 2026.- Comunidades indígenas de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan denunciaron que los trabajos de limpieza realizados tras un derrame de hidrocarburo en el litoral son inadecuados y carecen de equipo de protección suficiente, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pemex está realizando todas las acciones necesarias para limpiar el océano y las playas.
El vertido, detectado hace dos semanas según informes gubernamentales previos, ha contaminado varios kilómetros de la costa en la zona sur de Veracruz. Organizaciones como el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Centro de Derechos Humanos Bety Cariño han elevado la voz de alarma sobre los daños económicos y sanitarios que enfrentan los pobladores, incluyendo reportes de venta de pescado contaminado y posibles prácticas de limpieza con disolventes que podrían agravar el impacto ambiental.
Una contradicción central marca el desarrollo de los hechos: mientras la presidenta Sheinbaum aseguró categóricamente que el derrame fue provocado por un barco, aunque sin identificar aún a la empresa responsable, las comunidades indígenas sostienen que el origen no ha sido esclarecido, refiriéndose a un supuesto “barco fantasma”. Hasta el momento, no se han presentado resultados oficiales de las investigaciones conducentes por parte de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
En medio de la controversia, Pemex participa activamente en las labores de limpieza en la zona afectada. Sin embargo, los habitantes locales reportan que las medidas actuales son insuficientes para mitigar los efectos en el ecosistema y en la salud de la población. La falta de claridad sobre la identidad del buque o la compañía causante del incidente mantiene la incertidumbre entre los actores involucrados.
Las autoridades federales y las organizaciones de defensa de derechos humanos continúan en un proceso de evaluación, sin que hasta la fecha se hayan difundido estudios oficiales concretos sobre el impacto a largo plazo en la salud de los residentes ni en la biodiversidad de la región costera. La situación permanece bajo monitoreo mientras se buscan determinar las responsabilidades legales y ambientales del evento.
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