marzo 25, 2026

Comisión Instructora analizará desafuero de Alejandro Moreno tras Semana Santa por presunto peculado

Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados programó sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.

Hugo Eric Flores, diputado morenista y presidente de la Comisión Instructora, confirmó que el órgano legislativo tiene la obligación de emitir un dictamen antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias. La decisión de posponer la discusión busca evitar entorpecer los debates actuales sobre la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, según explicó el legislador.

La acusación formal proviene de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que imputa al senador priista responsabilidades penales derivadas de su gestión gubernamental. Este proceso jurídico se suma a un contexto de cuestionamientos administrativos previos relacionados con el uso de recursos públicos durante su sexenio al frente del estado, el cual ejerció entre septiembre de 2015 y junio de 2019.

Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado que, hasta enero de 2022, persistían observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 3 mil 387 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, lo que representaba el 98 por ciento del total de irregularidades detectadas en ese año. Reportes indican que durante la gestión de David Colmenares al frente de la ASF, algunas de estas cuentas pendientes fueron perdonadas o solventadas de manera benévola.

Las cifras sobre los desvíos varían según la fuente: mientras la acusación penal actual se centra en 83 millones de pesos, los informes de auditoría de 2018 identificaron posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos. De este monto, más de 2 mil 700 millones habrían sido objeto de perdón o solventación en años posteriores, dejando una parte significativa sin aclarar completamente antes de las recientes denuncias.

El proceso de desafuero coloca a Alejandro Moreno Cárdenas en una situación jurídica delicada que podría derivar en la pérdida de su inmunidad legislativa como senador, permitiendo que la justicia ordinaria avance contra él. La Comisión Instructora deberá determinar si existen elementos suficientes para proceder constitucionalmente en contra del dirigente del Partido Revolucionario Institucional.

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