Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el martes 24 de marzo el dictamen del denominado ‘Plan B’ de la reforma electoral, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La minuta, que modifica artículos constitucionales para ajustar la integración de los municipios y establecer mecanismos de revocación de mandato, fue avalada con 24 votos a favor y 11 en contra, pasando ahora a la discusión del Pleno.
De acuerdo con los reportes de la sesión, la votación se realizó con la ausencia de los integrantes del Partido del Trabajo (PT). Mientras que los senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) apoyaron la propuesta, los legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El dictamen establece que los municipios con menos de 60 mil habitantes tendrán un máximo de siete regidores, mientras que las grandes metrópolis no excederán los 15, además de fijar un solo síndico por municipio.
La oposición expresó su rechazo durante el debate. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el Plan B se trata de ‘la iniciativa más pobre, chafa, precaria, malhecha que ha mandado la Presidenta de la República’. Por su parte, el diputado Federico Döring acusó que la propuesta otorga a Sheinbaum una licencia para hacer trampa electoral mediante el uso de conferencias diarias y su inclusión en la boleta de revocación de mandato.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota advirtió que la iniciativa en discusión vulnera la soberanía de los estados y municipios, cuestionando especialmente los artículos transitorios que ordenan a los congresos locales ajustar sus presupuestos. Las críticas se centraron también en la posibilidad de realizar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno, lo cual coincidiría con las elecciones de 2027, punto que ha generado resistencia en algunas fuerzas políticas.
En medio de la controversia, siete consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un comunicado para desconocer un documento enviado a nombre del organismo con observaciones al Plan B. Los consejeros aclararon que el Consejo General del INE ‘no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como Plan B’, desmintiendo así la circulación de dicho texto como una postura institucional oficial.
El dictamen aprobado en comisiones incluye también un tope presupuestal para las legislaturas locales, las cuales no podrán erogar más del 0.7% del presupuesto estatal anual, y prohíbe que funcionarios electorales perciban salarios superiores al de la presidenta de la República. Con la minuta ya en la mesa directiva, se espera que el Pleno del Senado discuta y vote la reforma este miércoles, donde se definirá si alcanza la mayoría calificada necesaria para su aprobación definitiva.
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