Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó auto de vinculación a proceso penal contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de la entidad, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial se tomó al término de una audiencia que se prolongó por casi 24 horas, la cual inició el 23 de marzo en el Centro de Justicia del Río Nuevo.
La Fiscalía General del Estado de Baja California presentó 18 elementos de prueba en contra del exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021. Según la acusación, Bonilla benefició indebidamente a la empresa Next Energy con contratos públicos durante su gestión, específicamente en un acuerdo para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali que nunca se construyó.
El contrato plurianual firmado con Next Energy tenía un costo de 4,500 millones de pesos a 30 años. De acuerdo con los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, el gobierno estatal no obtuvo los permisos necesarios para iniciar la construcción de la obra, pero la empresa contratista recibió un pago inicial de 123 millones de pesos. La Fiscalía acusa a Bonilla de los delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos y uso ilícito de facultades.
El juez Gerardo Anguiano Ceja consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía estatal contra Bonilla resultaron verosímiles para proceder con el juicio. La vinculación a proceso significa que el magistrado encontró elementos suficientes para que el exgobernador enfrente un proceso penal, aunque no constituye una sentencia definitiva.
Al término de la comparecencia, Bonilla declaró a la prensa sobre el supuesto trasfondo político del caso. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, dijo según reportes del semanario Zeta. El exgobernador destacó las motivaciones de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila en el proceso judicial.
La defensa del exgobernador, encabezada por los defensores Humberto Velazco e Hiram Sánchez, intentó salvar una de las acusaciones con el argumento de que Bonilla ya no era mandatario estatal cuando se hicieron los pagos a la compañía. El proceso judicial se enmarca en el conflicto político que mantiene Bonilla con la administración estatal actual. Bonilla gobernó Baja California por Morena pero actualmente es dirigente del Partido del Trabajo en la entidad.
El exmandatario logró aplazar el encuentro con la justicia porque tenía fuero legislativo. Desde la tribuna del Senado, Bonilla se lanzó contra Ávila y su gobierno, acusando la existencia de pacten con el crimen organizado. Sin la protección legislativa desde 2024, el exgobernador faltó a los citatorios judiciales hasta que un juez giró una orden de presentación para forzarle a acudir a la audiencia. Varios excolaboradores de Bonilla han sido capturados y han corrido con la misma suerte que el exgobernador.
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