Vinculan a proceso al exgobernador Jaime Bonilla por contrato con Next Energy

Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma del contrato con la empresa Next Energy. La decisión judicial, tomada tras una audiencia que inició el 23 de marzo y se extendió hasta la madrugada del 24, establece que existen elementos suficientes para investigar al exmandatario por los delitos de uso ilícito de facultades y abuso de autoridad.

El caso se centra en un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos, firmado para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. De acuerdo con la investigación, el acuerdo contemplaba un pago inicial de 123 millones de pesos y mensualidades por el mismo monto durante un periodo de 30 años. Las autoridades señalan que la planta nunca fue construida, lo que motivó la acción legal del gobierno estatal actual.

Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que los pagos realizados a la empresa se efectuaron después de que el exgobernador dejó la administración en octubre de 2021. Específicamente, los defensores indicaron que las transferencias de 123 millones de pesos ocurrieron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo en el que Bonilla ya no ejercía el cargo. Asimismo, sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trató de un contrato para la adquisición de un servicio y no de un crédito fiscal.

La Fiscalía General del Estado de Baja California mantuvo la acusación de que se cometieron irregularidades durante la gestión de Bonilla. El juez de control determinó abrir un plazo de seis meses para la investigación formal del caso. Esta resolución judicial marca un precedente, pues Bonilla se convierte en el primer exgobernador surgido de Morena en ser acusado abiertamente de corrupción en el estado.

El proceso judicial ocurre en un contexto de tensión política entre el exgobernador, quien ahora funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, de Morena. La vinculación a proceso no implica necesariamente una detención inmediata, sino la formalización de la investigación penal contra el exfuncionario por los hechos relacionados con el fallido proyecto energético.