marzo 27, 2026

Senado aprueba en lo general el Plan B electoral; rechazan revocación de mandato anticipada

Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación, realizada con 128 senadores presentes, arrojó un resultado de 87 votos a favor, provenientes de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que 41 legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Aunque la coalición oficialista logró sacar adelante la estructura general de la iniciativa, el núcleo de la propuesta presidencial sufrió un revés significativo: la opción de adelantar la revocación de mandato al año 2027 fue rechazada. Esta decisión respondió principalmente a la negativa del Partido del Trabajo, aliado estratégico del gobierno en la coalición ‘Por el Bien de Todos’, lo que impidió que la jefa del Ejecutivo pudiera someterse a una consulta de ratificación a mitad de su sexenio.

El texto aprobado contempla medidas de austeridad y reestructuración institucional. Entre los puntos validados se encuentra el tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal correspondiente. Asimismo, se eliminan los seguros médicos privados, las pensiones privadas y los regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales.

En materia de operación legislativa federal, el Senado aceptó un recorte progresivo del 15 por ciento a su propio presupuesto. Durante la sesión, Oscar Cantón Zetina presentó los detalles de la iniciativa ante el pleno, defendiendo la necesidad de ajustar los recursos públicos. Sin embargo, existen divergencias sobre el impacto financiero real; mientras fuentes oficiales proyectan ahorros sustanciales, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante años electorales podría generar gastos adicionales al requerir nuevos mecanismos para respetar los derechos laborales de los funcionarios.

La discusión en el recinto parlamentario reflejó las posturas encontradas que han marcado el debate nacional. Para el oficialismo, representado en la promoción de la reforma por figuras como Alberto Anaya y Alejandro Moreno Cárdenas, las modificaciones constituyen un fortalecimiento democrático y la erradicación de privilegios onerosos. En contraste, la oposición y sectores del PT calificaron partes del dictamen como un retroceso democrático diseñado para disminuir la competencia política y afectar la autonomía de los órganos electorales.

Con esta aprobación en lo general, la reforma avanza en el proceso legislativo, aunque la exclusión de la revocación de mandato anticipada marca un límite en las aspiraciones originales del Ejecutivo. El proyecto pasará ahora a la discusión en lo particular de sus artículos, donde se definirá la redacción final de las normas que regularán los próximos procesos comiciales en el país.

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