Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la exclusión definitiva de las modificaciones al artículo 35 constitucional referentes a la revocación de mandato. La votación, realizada la noche del 25 de marzo, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, reuniendo la mayoría calificada necesaria gracias al respaldo conjunto de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra.
El desenlace legislativo confirmó que la iniciativa original fue modificada para retirar los apartados que permitían adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027 y facultaban a la titular del Ejecutivo para promover dicho mecanismo. Esta decisión respondió a la postura mantenida por el Partido del Trabajo, cuyo líder, Alberto Anaya, condicionó su apoyo a la reforma de austeridad a la eliminación de estos puntos específicos, argumentando diferencias sobre la fecha del ejercicio y las condiciones de su realización.
Para lograr la aprobación final, la coordinación de Morena optó por retirar la propuesta relativa a la revocación de mandato, priorizando la preservación de la coalición oficialista frente a la resistencia de sus aliados. Aunque la investigación señala contradicciones internas dentro del bloque gubernamental, incluyendo posturas divergentes de senadores del PVEM como Luis Melgar, el pleno senatorial validó el dictamen ajustado manteniendo la unidad en la votación global.
La reforma constitucional aprobada abarca la modificación de 103 artículos de la Carta Magna distribuidos en 46 decretos, centrando sus efectos en medidas de austeridad republicana. Entre los cambios concretos destaca la limitación a un máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos y la reducción de bonos y prestaciones para funcionarios de los organismos electorales, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
Con esta aprobación en la Cámara Alta, la minuta será turnada ahora a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. El dictamen deberá ser analizado por los legisladores de San Lázaro, quienes podrán discutir nuevas reservas antes de enviarlo a los congresos locales para su ratificación como reforma constitucional definitiva.
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