Informe critica fallas y simulación en las elecciones judiciales de 2025

Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un informe titulado Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México junto a organizaciones como México Evalúa y Juicio Justo, cuestiona el desarrollo de los comicios para la integración del Poder Judicial realizados el año pasado. El documento, de más de 200 páginas, señala deficiencias estructurales, vacíos legales y posibles interferencias en el proceso que renovó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales federales.

De acuerdo con los datos presentados en el estudio, la participación ciudadana alcanzó apenas el 13 por ciento del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas. Las organizaciones participantes advierten que este nivel de concurrencia refleja un escenario de baja legitimidad social para los nuevos nombramientos derivados de las urnas.

El análisis detalla que la totalidad de los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia cuentan con respaldo del Gobierno. Asimismo, se indica que el 65 por ciento de los magistrados federales y el 42 por ciento de los juzgadores federales elegidos también fueron apoyados por la administración pública, cifras que los autores del reporte interpretan como indicadores de una posible simulación en la competencia electoral.

Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y coordinador del estudio, encabezó la presentación de los hallazgos donde se exponen las irregularidades detectadas. El texto menciona la existencia de mecanismos de orientación del voto, conocidos como acordeones, aunque no especifica detalles operativos sobre su funcionamiento ni identifica a las autoridades competentes responsables de la improvisación denunciada en el proceso.

Este balance crítico se realiza en el contexto de la primera elección judicial extraordinaria llevada a cabo tras la implementación de la reforma judicial de 2024. Las organizaciones civiles involucradas, entre ellas el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral, mantienen que los resultados evidencian una captura de las instituciones por parte del poder ejecutivo.