Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró este viernes 16 órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad cometidos durante un operativo en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó la emisión de los mandamientos de captura tras una investigación que documentó las violaciones graves a derechos humanos ocurridas hace nueve años en el municipio de Nahuatzen. Los hechos derivaron en la muerte de cuatro personas, 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias, según los registros del caso.
El operativo policial se desplegó originalmente el 5 de abril de 2017 con el objetivo de levantar un bloqueo carretero y recuperar vehículos de carga retenidos por pobladores de la comunidad indígena purépecha. La intervención derivó en un enfrentamiento armado entre elementos estatales y civiles, saldo que incluyó también siete policías heridos. Las órdenes judiciales imputan responsabilidad directa a los altos mandos de la administración estatal de aquel periodo por la ejecución extrajudicial de los cuatro indígenas.
Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó la entidad de 2015 a 2021, enfrenta actualmente una situación jurídica compleja, pues ya era considerado prófugo de la justicia desde 2023 debido a otra orden de aprehensión federal por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero. Este proceso anterior está relacionado con un presunto desfalco millonario al erario público durante la construcción de estaciones de policía.
Con estas nuevas determinaciones judiciales, la Fiscalía General del Estado suma esfuerzos para localizar y presentar ante la justicia al exmandatario y a sus colaboradores señalados. Mientras que contra el exsecretario Juan Bernardo Corona Martínez también pesa la búsqueda activa por parte de las autoridades fiscales desde hace tres años, el estatus procesal específico de los 14 agentes policiales incluidos en la lista de 16 implicados no ha sido detallado públicamente en cuanto a su ubicación actual.
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