Los Ángeles, 01 de abril de 2026.- El Gobierno de México anunció el 30 de marzo de 2026 que se sumará como amicus curiae a una demanda colectiva interpuesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), realizó el anuncio en una conferencia en el Consulado General de México en Los Ángeles.
La participación mexicana tiene como objetivo visibilizar y documentar posibles violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de los centros de detención migratoria. Bajo la figura de amicus curiae, el Estado mexicano podrá aportar información, contexto y elementos jurídicos relevantes, sin convertirse en parte directa del litigio conocido como LT Sevak Mesrobian et al vs ICE, el cual fue presentado el 26 de enero de 2026 ante la Corte de Distrito Central de California por la firma Public Counsel.
El detonante más reciente de esta acción es la muerte de José Guadalupe Ramos Solano, ciudadano mexicano fallecido el 25 de marzo de 2026 mientras estaba bajo custodia en el centro de procesamiento de Adelanto, California. El connacional fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center en Victorville, donde perdió la vida. Con este deceso, suman 14 migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump el 20 de enero de 2025, cuatro de ellos específicamente en el centro de Adelanto.
La demanda colectiva acusa negligencia médica sistemática en el centro de detención de Adelanto, identificando un patrón de solicitudes de atención ignoradas o demoradas, así como barreras de acceso a mecanismos de salud. Mientras tanto, Tricia McLaughlin, vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., rechazó categóricamente las acusaciones asegurando que “cualquier afirmación de condiciones inhumanas es falsa”.
Respecto al caso de Ramos Solano, el ICE lo señaló como “indocumentado con (presuntos) antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo”, versión que la familia ha desmentido. Jesús Eduardo Arias, abogado de los familiares, expresó: “Es la primera familia en mi carrera (de varios años) que no recibe una sola llamada. Eso es algo inaceptable”. Por su parte, Antonia Tovar, esposa del fallecido, declaró: “queremos que mi esposo tenga justicia. Él no merecía morir así; era un hombre muy trabajador y muy responsable”.
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