Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) emitió una resolución que confirma la existencia de infracciones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) cometidas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La sanción del órgano judicial también se aplica al dirigente Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT).
El Tribunal determinó que los señalamientos realizados durante las denominadas Jornadas por la Paz vulneran la investidura de la gobernadora, al reproducir estereotipos de género y generar confusión deliberada sobre la titularidad y legitimidad del Poder Ejecutivo del Estado. Las medidas dictadas incluyen una amonestación pública, el registro de las personas sancionadas en el Registro Nacional y Estatal correspondiente, y la obligación de acreditar la toma de cursos de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos.
Por separado, Jaime Bonilla Valdez está acusado formalmente de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades por el contrato de construcción de una planta de energía solar en el Valle de Mexicali. El contrato obligaba al Gobierno de Baja California a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, con garantía de pago de las participaciones que entrega la Federación al estado. Pese a que la empresa no construyó la planta, el Gobierno estatal realizó transferencias con recursos públicos; en 2022, banca Afirme cobró la primera mensualidad aunque sólo había como evidencia una piedra que indicaba el inicio de la obra.
Sobre estos procesos, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse y dejó el tema en manos de las autoridades. “Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, que ellos determinen si hubo una falta si no hubo una falta”, señaló respecto al caso de la planta fotovoltaica. En relación con otros incidentes recientes, Sheinbaum afirmó: “Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes”.
La mandataria se refirió específicamente al caso de la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, quien fue víctima de consignas a favor de su adversario político, Raúl Morón Orozco, durante una visita al Senado de la República. Sheinbaum indicó que “son temas políticos que tienen que ver con las disputas y más ahora que se viene el periodo electoral”, aunque aseguró: “estamos atendiendo a Uruapan, a ella y a Michoacán”.
En otro frente relacionado con la violencia política, la diputada Ivonne Ortega denunció la falta de apoyo en la Cámara de Diputados para continuar la investigación por violencia de género contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ortega señaló que el exhorto que impulsa solo ha sido firmado por legisladoras de su partido, Movimiento Ciudadano, y fijó como plazo máximo para la firma el 27 de marzo de 2026.
“De las 253 que somos en la Cámara (…) He convocado a mis compañeras en diferentes días, en lo personal, lo subí a la tribuna, a través de redes sociales, pero parece que ninguna vía es pertinente. A este momento solo hemos firmado diputadas del Movimiento Ciudadano”, expresó Ortega. El exhorto solicita a la Fiscalía de Morelos entregar el expediente penal, garantizar el acceso a la justicia de la víctima y retomar el tema de desafuero en la Cámara de Diputados.
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