Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El organismo solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso para que se examinen medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación y erradicación de la problemática.
El CED concluyó que la información recibida contiene “indicios bien fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Para sustentar esta evaluación, el comité citó la existencia de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país, así como el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas. Según el reporte, se han localizado más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar, en un contexto donde se registra una cifra superior a los 132,000 desaparecidos.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó. El comité lamentó que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial y advirtió sobre la posible participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia en algunos casos.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución, calificando el informe de “tendencioso y sesgado”. Las autoridades mexicanas argumentaron que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y acusaron al comité de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno federal sostuvo que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y señaló que el análisis se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República. Además, las autoridades destacaron que el propio CED admite en su resolución que no hay indicios de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos. Como respuesta, el Ejecutivo mencionó las transformaciones estructurales emprendidas desde 2019 y reformas clave aprobadas en julio de 2025, como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”. Ante la reacción gubernamental, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado y señaló que es “una muy mala señal”. “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”, dijo Corcuera, quien aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y no se limita al nivel federal.
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