Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de México rechazaron las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre el país, calificándolas de sesgadas y carentes de rigor jurídico.
La CNDH sostuvo que la decisión del comité de solicitar al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una “lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional”. El organismo nacional afirmó que el comité basó su determinación en peticiones de ONG y colectivos de familiares, privilegiando posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años.
En su defensa, la CNDH argumentó que antes de una intervención de esa naturaleza debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional, acusando al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado. Asimismo, la comisión señaló que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”, y recordó que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a periodos anteriores, específicamente a la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y a la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012).
Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”. La CNDH también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron anteriormente la situación de derechos humanos en el país, y arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema.
Frente a esta postura, el colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras al gobierno federal y pidió atender las recomendaciones de la ONU. El colectivo señaló que “no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe” y destacó que el Comité determinó que al menos algunas organizaciones criminales cumplen con los criterios del Estatuto de Roma para ser consideradas formalmente como organizaciones con capacidad de cometer desapariciones forzadas.
El grupo de víctimas subrayó que el Comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en cifras oficiales: “más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas”. Además, citaron que el Comité concluye que “las autoridades responsables siguen rebasadas por la magnitud de los crímenes, haciendo indispensables cambios estructurales profundos”.
Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. Por otro lado, la CNDH mencionó que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes, con expedientes que abarcan de 1958 hasta 2022 en estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
About The Author
Más historias
Investigan muerte de cuatro personas tras aplicación de suero vitaminado en clínica de Hermosillo
SSC abate a asaltante en Lomas de Chapultepec; detienen narcomenudista en GAM y adulto mayor en Tláhuac
Comité de la ONU lleva caso de desaparecidos en México a Asamblea General; CNDH discrepa