Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al negar que la crisis de personas desaparecidas en México pueda constituir un crimen de lesa humanidad. La mandataria criticó el documento por sus ‘debilidades’ y su ‘orientación’, asegurando que su propósito es criticar al Estado mexicano para llevar esa posición a la Asamblea General de la ONU.
Sheinbaum sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad, definido por Naciones Unidas, requiere ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, condición que afirmó no se adapta a la situación actual del país. ‘No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito’, declaró la presidenta.
En su análisis, la jefa del Ejecutivo distinguió entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado, ocurridas durante la llamada ‘guerra sucia’, y las perpetradas actualmente por grupos del crimen organizado. ‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada ‘guerra sucia’ (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre’, explicó Sheinbaum, quien añadió que si llegara a ocurrir una desaparición por parte de una autoridad, ‘debe ser sancionada’.
La presidenta lamentó que el informe del CED, el cual cifra en más de 130,000 las personas desaparecidas en México según datos oficiales, no reconozca los esfuerzos que realiza su Gobierno para erradicar el delito y encontrar a las víctimas junto con sus familias. ‘Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México’, afirmó, tras señalar que el comité ‘no tomó en cuenta’ las observaciones presentadas por el Ejecutivo mexicano.
Por su parte, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, defendió el proceso de análisis realizado, precisando que este examina la evolución de la situación a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012. Albán declaró que el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, ‘más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’.
El informe del CED sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU a través del secretario general António Guterres. Ante esto, Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno, la cual es resultado de un análisis ‘párrafo por párrafo’ del documento.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General. Mientras el gobierno califica el informe de ‘tendencioso’ y niega que el país esté ‘rebasado’ por la crisis provocada por el crimen organizado, el comité, integrado por 10 expertos independientes, mantiene que la diferenciación entre desapariciones estatales y del crimen organizado no está claramente establecida en la situación actual.
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