Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos en México. El organismo afirmó que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal” y warned que debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, sino dejar a la sociedad en un estado de indefensión. Los integrantes del Poder Judicial, tanto en activo como en retiro, manifestaron que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes frente a la “concentración autoritaria del poder”.
La asociación reiteró que la Carrera Judicial garantiza que quienes imparten justicia posean excelencia técnica y autonomía. “Exigimos que atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista”, indicaron. Para la Jufed, una modificación que no integre estas consideraciones sería “solamente retórica que no abona a enfrentar los desafíos de la impartición de justicia”.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, sugiriendo que la Presidencia de estos cuerpos sea votada por sus pares cada dos años.
Sánchez Cordero también consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y propuso modificar los artículos 95 y 97 para que, para ser ministro de la Corte, se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Sobre la renovación de cargos, señaló: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para este fin. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda. En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que dicha reforma se mantenía vigente y era legal. Previamente, en los últimos dos sexenios, diversos tribunales desecharon cientos de amparos promovidos para frenar obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como recursos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
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