Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, deteniendo los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció previamente que ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. En declaraciones a la prensa, Montaño Valenzuela advirtió: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, añadiendo la sentencia: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”. Los manifestantes han advertido que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014 y el proyecto, que lleva un 88% de avance, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco con una inversión de 860 millones de dólares del banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según datos de la investigación, la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más.
Los opositores señalan impactos ambientales graves, incluyendo el relleno de 28 hectáreas de humedales, la tala de manglares y la migración de parte de la fauna en la bahía de Ohuira, zona que incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR. Un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de Ahome y Mazatlán, afectando a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Ante la escalada del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales” y confirmó que la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
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