Estudio histórico determina que el cargamento del navío 'Oriflame' pertenece al Estado español

Ciudad De México, 17 de junio de 2026.- Un estudio histórico y legal ha determinado que el cargamento del navío ‘Oriflame’, hundido en 1770 frente a las costas de Chile, pertenece legítimamente al Estado español. La investigación, titulada ‘El navío Oriflame: un tesoro cultural hundido frente a las costas de Chile’ y elaborada por Vicente Ruiz García, asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, establece que la carga “pertenecía a la Real Hacienda de la monarquía de Carlos III de España y de que no existe ninguna evidencia para que terceros puedan reclamar este cargamento”.

Según el experto, “el heredero legítimo del tesoro hundido y de la mayor y más preciada carga del pecio naufragado en la región de Maule (Chile) sería, en caso de rescate, el Estado español”. Esta conclusión se emite en un contexto donde, en 2005, una empresa cazatesoros anunció haber localizado el sitio del hundimiento con intenciones de extraer la carga, intento que fue denegado por la justicia chilena.

El documento detalla que el ‘Oriflame’ era originalmente un navío de guerra francés de 54 cañones, botado en Tolón en 1744, que sirvió a la Armada francesa y participó en la batalla de Cartagena de Levante en 1758. Tras ser capturado por los ingleses en 1761, fue adquirido en Gibraltar por el comerciante José Villanueva y Pico para convertirlo en un barco mercante de la Carrera de Indias. Aunque fue rebautizado como ‘Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo’, conservó el alias de ‘Oriflame’.

La nave realizó su primer viaje comercial a La Habana y Veracruz en 1763 y, dos años después, fue adquirida por la casa comercial Uztáriz Hermanos y Compañía. El 18 de febrero de 1770, el buque zarpó del puerto de Cádiz con destino al Callao, en el virreinato del Perú, bajo el mando del capitán Joseph Antonio de Alzaga, transportando a 176 personas entre tripulación y pasaje.

El cargamento consistía en 1.478 cajones de cristalería procedentes de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso de Segovia, además de joyas y otros objetos valiosos rumbo a Perú. Todos los tripulantes fallecieron en la catástrofe y las cajas nunca fueron recuperadas. A pesar de la atribución de propiedad al Estado español, Vicente Ruiz García admite que el “pecio pertenece a la Humanidad”.

El análisis también aborda el estatus legal de los pecios, señalando que, según el artículo 32 de la Convención de la Unesco, los barcos de guerra hundidos pertenecen a los Estados, mientras que los comerciales no necesariamente siguen la misma regla, aunque en este caso específico la naturaleza de la carga define su propiedad hacia la corona española de la época.