Ciudad de Mexico, 17 de junio de 2026.- El sistema de justicia en México dispone de protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales destinados a garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad participen plenamente en los procesos judiciales. Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), señaló que la desigualdad en el país tiene un origen claro: las barreras sociales.
“Ningún sector es vulnerable per se. La vulnerabilidad se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos”, afirmó Barragán Rodríguez. Bajo esta premisa, la vulnerabilidad se define no como una categoría fija, sino como una condición dependiente del contexto en el que se desenvuelven las personas.
Para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, la justicia penal utiliza el concepto de “interseccionalidad”, el cual evalúa cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona. Entre los grupos identificados como potencialmente vulnerables se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, integrantes de comunidades indígenas y víctimas de delitos.
El juez destacó que se ha abandonado el antiguo “estado de interdicción” para adoptar un enfoque social, implementando figuras como facilitadores e intérpretes que expanden la capacidad de decisión de las personas. De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Mexicana, los juzgadores están estrictamente obligados a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En este sentido, si a lo largo de un proceso se detecta que no se respetó el contexto cultural o lingüístico de un imputado o víctima, el procedimiento debe reponerse para garantizar una defensa justa. Para apoyar estos esfuerzos, existen canales de orientación como la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual cuenta con áreas especializadas para canalizar, brindar orientación y apoyar frente a cualquier práctica de discriminación o escenario de desigualdad.
Estas declaraciones se dan en el marco del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo magistrado presidente es Rafael Guerra Álvarez.
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