Enrique Avilés, señalado como operador de contratos millonarios de comunicación en León

León, Guanajuato

Una investigación periodística señala a Enrique Avilés, director de Comunicación Social del municipio de León, como responsable de respaldar la asignación de contratos públicos de comunicación a un grupo específico de proveedores, de acuerdo con un análisis de documentos presupuestales y el testimonio de una fuente con conocimiento directo de la operación.

De acuerdo a documentos revisados, la distribución corresponde a la partida 36601 (servicios de difusión), que enlista 68 proveedores con un monto total asignado para 2026 de $30,846,891.07. Dentro de ese universo, la fuente consultada identificó siete proveedores —con un monto conjunto asignado de $7,538,096.00, equivalente a cerca del 24% del presupuesto total de la partida— como beneficiarios directos del respaldo de Avilés: HMKT S de RL de CV ($375,840), Innovación y Desarrollos SmartDev S.A. de C.V. ($1,200,000), Iván Joel Vázquez Huerta ($557,456), Javier Vladimir Ortiz Robinson ($504,800), Miguel Fernando Ávila Trejo ($900,000), NETDR S.A. de C.V. ($2,500,000) y GMB Comunicaciones S.A. de C.V. —empresa con sede en Puebla que opera bajo un esquema de comercio electrónico— ($1,500,000).

La investigación documenta que este grupo de siete proveedores concentra casi una cuarta parte del presupuesto total de comunicación social del municipio, con montos individuales que van de los $375,840 a los $2,500,000, y una composición atípica: tres de los siete son personas físicas sin razón social identificable como medio de comunicación, y uno —GMB Comunicaciones— opera desde otro estado bajo un modelo de comercio electrónico, no de producción editorial. El análisis contrasta estos montos y perfiles contra el resto de los 61 proveedores de la partida 36601, y contra los ejercicios fiscales de años anteriores, para determinar si el patrón de crecimiento presupuestal de este grupo específico se aparta de la tendencia general del gasto en comunicación social municipal.

Especialistas en transparencia y fiscalización del gasto público consultados para el proyecto coinciden en que la concentración de una cuarta parte del presupuesto de una partida en siete de sesenta y ocho proveedores, varios de ellos sin estructura editorial verificable, constituye un patrón que amerita revisión bajo los criterios de objetividad, documentación y fiscalización que exige el gasto en comunicación social.

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