julio 8, 2026

Vicealmirante encarcelado por tráfico de combustible envía octava carta a Sheinbaum

Ciudad De México, 08 de julio de 2026.- El vicealmirante Roberto Farías Laguna envió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando su octava comunicación con la mandataria desde que fue encarcelado. En la carta, solicita la intervención de la jefa del Ejecutivo para que se garantice su derecho al debido proceso.

Farías Laguna está acusado de encabezar una organización dedicada al tráfico de combustible de Estados Unidos a México a través de buques. Presuntamente, junto con otros integrantes de la Semar, empleados de Aduanas y empresarios, realizó contrabando de millones de litros de combustible utilizando 32 barcos. Actualmente se encuentra juzgado y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, número 1, Altiplano.

En su escrito, el vicealmirante pide que “se deje de obstruir y negar el acceso a los actos de investigación requeridos por medio de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)”. Afirma que existen “personas sin escrúpulos dentro de su gobierno [que] conocen y son parte de estos hechos, ya que son señalados en esta investigación pero por extrañas razones siguen al amparo de sus cargos públicos”.

Según Farías Laguna, dichos funcionarios están “haciendo todo lo que les es posible por obstruir el acceso a las pruebas” con las que presuntamente demostraría su inocencia. Además, mencionó en la carta que han malinformado a la presidenta Sheinbaum sobre el caso.

El vicealmirante señaló que cuando la presidenta se ha referido a su presunta responsabilidad en las conferencias mañaneras, lo coloca en “completo estado de indefensión, es por eso que me veo obligado a escribirle, una vez más”. Roberto Farías Laguna es sobrino político del ex secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.

En días pasados, un juzgado rechazó la petición del vicealmirante para revertir la vinculación a proceso dictada por el juez Mario Martínez Elizondo. Con el rechazo de dicha solicitud, se inició formalmente el juicio por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

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