Por Redacción
Ciudad de Mexico, 12 de agosto de 2026.- Casi dos años después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) transfiriera más de 300 mil expedientes, videos, fotografías y tarjetas al Archivo General de la Nación (AGN), la documentación continúa en proceso de revisión y no está disponible para consulta pública.
La transferencia, realizada en septiembre de 2024, corresponde a actividades de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) entre 1965 y 1990 e incluye materiales sobre la Liga Comunista 23 de Septiembre y las primeras marchas del Orgullo Gay en la década de los ochenta. Este movimiento formó parte del decreto publicado en febrero de 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el cual el CNI fue el único organismo de esa administración que envió documentos al Archivo, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no envió ningún archivo a pesar de la orden.
Según un documento entregado por el AGN a Aristegui Noticias, “actualmente los documentos del Centro Nacional de Inteligencia entregados al Archivo General de la Nación hasta septiembre de 2024, se encuentran en proceso de cotejo y revisión”. El informe detalla que, “con corte al 24 de julio de 2026, se tiene un avance del 76.4% de cajas/unidades de instalación cotejadas y revisadas”.
Respecto a la disponibilidad para la ciudadanía, el AGN señaló que “derivado de las características de cada soporte documental y el tiempo que demanda su cotejo y revisión, no es posible establecer una fecha de conclusión a los procesos citados”. Mientras tanto, “los documentos aún se encuentran en proceso de incorporación” y “sólo están disponibles para ser consultados por las autoridades de procuración e impartición de justicia”.
La institución explicó que será “posterior a la conclusión de su cotejo y revisión para verificar su estado de conservación y se garantice su control y resguardo” cuando “cualquier persona podrá consultarlos de forma íntegra”. Por otro lado, este martes 11 de agosto, la historiadora Alicia de los Ríos Merino consideró que el amparo concedido por un tribunal colegiado representa un paso relevante para esclarecer violaciones graves a los derechos humanos.
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