Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de agosto de 2026.- Existen dudas sobre la detención del testigo que estuvo en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Respecto a la captura de Fausto Corrales, hay quien dice que con este hecho podría ser que todo se acomode e incluso pueda quedar libre de culpa el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; sin embargo, otros afirman que dicha captura reforzará la petición de detención y extradición de Estados Unidos.
En el ámbito legislativo, el diputado Hugo Erick Flores solicitó licencia al cargo para ir a dirigir el nuevo partido PAZ, descrito como la versión 3.0 de su Encuentro Solidario y Encuentro Social. En este contexto, suena el nombre de Sergio Gutiérrez Luna para asumir el relevo en la Sección Instructora. Se reporta que Gutiérrez Luna ha comenzado a vaciar su oficina en la Mesa Directiva. Con estos ajustes, se ve casi imposible que pueda concretarse alguna solicitud de desafuero.
Por otro lado, con la vía libre del morenismo para que los ministros decidan el mecanismo de elección de su próximo presidente, sólo faltará ver cuántos de los togados se decantan por Lenia Batres. De someterlo a votación, se necesita el respaldo de cinco votos. Expertos avizoran que será la institución la que saldrá perdiendo por el desgaste que significa la disputa por la Presidencia del Alto Tribunal. ¿Será?
En materia de seguridad, los trabajos de colaboración entre la Semar, de Raymundo Pedro Morales, y la CIA dieron como resultado la localización y detención del contralmirante Fernando Farías Laguna. Este funcionario regresa a México desde Argentina en condición de deportado para enfrentar la justicia por su probable participación en el delito de huachicol fiscal. Ambas instituciones mantienen una relación de cooperación para facilitar inteligencia y realizar operaciones conjuntas de seguridad orientadas a la captura de líderes criminales.
Finalmente, el llamado Bloque Negro de la Suprema Corte —Lenia Batres, Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Estela Ríos— resolvió mandar al archivo un asunto que involucraba los derechos de estudiantes con discapacidad. Se trataba de la Ley de Educación de Durango y de los apoyos para alumnos con discapacidad. La ministra Yasmín Esquivel propuso invalidar la norma porque el Congreso duranguense no consultó previamente a las personas con discapacidad. Aunque hubo cinco votos a favor, la mayoría calificada exige seis.
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