Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal, lo que permite que el Senado formule la declaratoria de la reforma en la sesión del próximo martes y la envíe al Diario Oficial de la Federación, según informó Andrea Becerril en La Jornada.
Las legislaturas que aprobaron la reforma son Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La aprobación fue por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, mientras que en Baja California y Zacatecas se logró por mayoría.
La reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. Esta nueva disposición limita los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal en sus tres niveles de gobierno, aplicándose tanto a pensiones futuras como a las otorgadas con anterioridad. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato.
Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que sobrepasan el millón de pesos mensuales, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otras en Petróleos Mexicanos (Pemex) que sobrepasen los 70 mil pesos al mes, y la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera.
La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas. Óscar Hernández, citado por el Semanario ZETA, señaló que “curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN”. Además, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable.
Trabajadores y sindicatos han advertido que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández mencionó que “parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación”. En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron sobre riesgos en la aprobación exprés de la reforma local, identificando inconstitucionalidades como la imposición de un “doble tope” y la eliminación de artículos transitorios.
El SUTSEM Nayarit afirmó que “cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal” y agregó que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”. Por su parte, en la exposición de motivos de la modificación en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro argumenta que la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, promover la austeridad republicana y racionalizar el gasto público.
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