SAT endurece el combate a la evasión

Por Redacción:

Ciudad de México, lunes 15 de septiembre de 2025. El Gobierno federal puso sobre la mesa un paquete de cambios al Código Fiscal de la Federación que, de aprobarse, ampliarán las facultades del SAT para desarticular esquemas de evasión y falsificación de facturas (EFOS/EDOS), al tiempo que fijan nuevas reglas para la cancelación de CFDI, la depuración del RFC y el acceso a información financiera más allá de la banca tradicional. Las propuestas forman parte del Paquete Económico 2026 entregado a la Cámara de Diputados y aparecen en la Gaceta Parlamentaria, que detalla los artículos a reformar y adicionar.

El documento plantea crear el artículo 29-A Bis para que, cuando la autoridad esté fiscalizando, pueda verificar la veracidad de los CFDI sin agotar procedimientos más largos; ligado a ello, se agrega una causal de restricción al certificado de sello digital (fracción XIV del 17-H Bis) cuando se detecte emisión de comprobantes falsos a través del procedimiento del 49 Bis. La intención es cortar de raíz la venta de facturas y asegurar que los comprobantes amparen operaciones reales.

También se clarifica y limita la cancelación de CFDI: el plazo máximo será hasta el mes en que se presente la declaración anual del ISR, siguiendo un criterio de la Suprema Corte, con lo que se busca dar certeza jurídica y evitar cancelaciones discrecionales.

Otro eje es el acceso a información financiera. La iniciativa habilita a la autoridad a solicitar datos de cuentas no solo a instituciones de crédito, sino al conjunto de entidades financieras del sistema (reforma al artículo 48, segundo párrafo), y presumir como ingresos los depósitos realizados en cualquier entidad financiera salvo prueba en contrario (ajustes a 59, fracción III). El objetivo declarado es reflejar la capacidad contributiva real y cerrar espacios de ocultamiento de flujos.

En paralelo, se refuerza la “depuración del RFC” para suspender actividades o reducir obligaciones en supuestos específicos (reforma al 27, apartado C) y se incorpora una nueva infracción para quien condicione la factura a que el cliente presente su Constancia de Situación Fiscal; la norma recuerda que basta con la clave RFC del receptor para emitir el CFDI.

El paquete toca, además, frentes sensibles: controles volumétricos y sanciones contra la venta ilícita de hidrocarburos, incluida la tipificación de conductas relacionadas con destruir sellos de clausura o seguir operando pese a clausuras, y ajustes al delito equiparable a contrabando para ciertos bienes gravados. El énfasis es cortar fugas de IEPS y fortalecer la recaudación en mercados donde históricamente han operado redes de evasión.

Fuera del CFF, el contexto inmediato es un endurecimiento integral del andamiaje antilavado: el 16 de julio de 2025 se publicaron reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que amplían y precisan la figura de beneficiario controlador y refuerzan las obligaciones de identificación y reporte para actividades vulnerables; ello eleva el estándar de trazabilidad corporativa que el SAT y la UIF podrán exigir en auditorías.

En términos operativos, Hacienda encuadra estas medidas en una estrategia de fiscalización que prioriza el combate a factureras, la simplificación con certidumbre y la modernización de facultades frente a nuevas dinámicas digitales; despachos y centros de análisis han resumido que el SAT podrá negar o suspender inscripciones al RFC vinculadas con operaciones simuladas y robustecer la revisión de comprobantes, siempre con entrada en vigor a partir de 2026 si el Congreso aprueba sin cambios.

La fotografía de conjunto es nítida: más dientes legales contra la evasión y el fraude, límites precisos a la cancelación de facturas, mayor acceso a información financiera y una malla antilavado más estricta que obliga a las empresas a documentar a sus dueños reales. En la práctica, contadores y contribuyentes deberán ajustar controles internos desde ahora —cadena de soportes de CFDI, políticas de cancelación, mapeo de beneficiarios controladores y conciliaciones bancarias en todas sus entidades financieras— si no quieren enfrentarse a restricciones de sello, multas o presunciones de ingreso cuando el nuevo marco entre en vigor.