Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, estableciendo su aplicación con carácter retroactivo. La medida, impulsada por el Ejecutivo federal, fija el límite máximo de percepción a la mitad de la remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cifra que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
La sesión legislativa se desarrolló en medio de tensiones, con protestas de jubilados de empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro para rechazar la modificación. Aunque existen discrepancias en los reportes sobre el conteo final de la votación, donde una fuente menciona unanimidad con 458 votos a favor y otra registra 363 apoyos, 64 en contra y 20 abstenciones, la iniciativa logró avanzar pese a las advertencias de la oposición respecto a sus implicaciones legales.
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala cuestionó la validez jurídica del dictamen, sosteniendo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala señaló que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa, lo que podría derivar en controversias constitucionales futuras sobre la afectación a derechos adquiridos por los pensionistas actuales.
Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa a pesar de su inconformidad con el procedimiento. Moreira advirtió sobre los riesgos de la retroactividad y las omisiones relevantes en el dictamen, argumentando que aunque están en contra de las pensiones doradas, consideró que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminarlas realmente.
El texto aprobado excluye explícitamente del tope establecido a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Además, el decreto incorpora lenguaje inclusivo en su redacción, marcando un precedente en la forma de legislar materias económicas y laborales en el país.
Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso legislativo para modificar el marco jurídico que regula las percepciones de los servidores públicos de confianza retirados, un tema que ha generado división entre los grupos parlamentarios y movilización social de los afectados directos.
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