Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer un límite máximo a las pensiones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración correspondiente a la Presidencia de la República. La decisión se tomó en medio de manifestaciones de grupos de jubilados de empresas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con los registros de la sesión, la votación presentó cifras dispares según la fuente consultada: mientras el Semanario ZETA reportó 458 votos a favor, el medio Quadratín detalló un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. A pesar de las discrepancias numéricas, la iniciativa logró los votos necesarios para avanzar en el proceso legislativo, contando con el respaldo de la bancada oficial y enfrentando la oposición de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Margarita Zavala.
El texto aprobado establece excepciones específicas para ciertos sectores y conceptos. Quedan fuera del tope establecido los haberes de retiro de las Fuerzas Armadas, así como las pensiones ya constituidas y aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales y prestaciones no contributivas. La reforma también contempla modificaciones en el lenguaje utilizado en la normativa para incorporar una perspectiva de género inclusiva.
Durante el desarrollo de la discusión legislativa, se registraron protestas en el exterior del recinto parlamentario por parte de jubilados de organismos como Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro, quienes rechazaron los alcances de la medida. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido referida en el debate como el parámetro salarial base para calcular el nuevo límite de las percepciones de retiro en el sector público.
Con la aprobación en la cámara baja, la minuta será turnada a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su discusión y eventual ratificación, requisito indispensable para que la reforma constitucional entre en vigor. El proceso de validación local definirá la aplicación final de las nuevas reglas para los servidores públicos retirados del país.
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