Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope máximo para las pensiones del personal de confianza en el sector público, limitándolas a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, monto que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el Senado de la República también avaló la modificación con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para aplicar el límite a pensiones de organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos. Quedan exceptuadas las Fuerzas Armadas, las aportaciones voluntarias y los sistemas complementarios de ahorro.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, participó en la defensa de la reforma durante el proceso legislativo. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que su fracción votaría a favor de la reforma pese a expresar inconformidad y críticas por omisiones percibidas y riesgos de retroactividad.
La aprobación legislativa generó movilizaciones de jubilados y pensionados tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como en el Congreso local de Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, se pronunció respecto a las preocupaciones del sector.
El centro de la controversia radica en la claridad sobre si la reforma aplicará retroactivamente a pensiones ya otorgadas o únicamente a nuevas asignaciones. Los legisladores oficialistas defienden la medida como una corrección de privilegios, mientras opositores advierten sobre efectos retroactivos y omisiones en el texto constitucional.
Con la aprobación en ambas cámaras, la reforma avanza en el proceso legislativo para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque persisten dudas sobre los detalles específicos de implementación y las posibles excepciones adicionales al régimen establecido.
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