Por Redacción
Chiapas, Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas se deslindó de toda responsabilidad por el evento ‘Rodeo de Media Noche’ realizado en la Plaza de Toros La Coleta de esta ciudad durante el fin de semana del 14 de marzo, argumentando que la administración municipal desató el espectáculo a pesar de que la autoridad estatal no lo autorizó debido a riesgos estructurales y logísticos. La dependencia estatal señaló que la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, y su equipo de Protección Civil Municipal, así como la policía local, procedieron con el evento sin su aval, por lo que cualquier incidente derivado será responsabilidad exclusiva del ayuntamiento.
Según el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Protección Civil estatal, se identificaron condiciones de riesgo en el recinto que hicieron improcedente la autorización para el rodeo. La dependencia no especificó la naturaleza exacta de estos riesgos, pero dejó claro que el municipio actuó en desacato a las recomendaciones técnicas y de seguridad.
El deslinde de responsabilidades por parte del gobierno de Chiapas pone en evidencia un conflicto institucional entre las autoridades estatales y el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. La decisión municipal de seguir adelante con el evento, utilizando sus propios cuerpos de protección civil y policía, sugiere un acto de desafío a las directrices de la administración central.
La Secretaría de Protección Civil estatal informó que, ante el desacato, ha iniciado un proceso legal en contra de quienes resulten responsables por la realización del evento sin la autorización correspondiente. No se detalló el tipo específico de procedimiento ni las posibles sanciones, pero la acción marca una escalada en el diferendo.
Hasta el momento, no se han reportado incidentes o consecuencias graves durante la realización del ‘Rodeo de Media Noche’. Tampoco se conoce el número exacto de asistentes al espectáculo. La alcaldesa Fabiola Ricci Diestel no ha emitido una declaración pública para responder a las acusaciones de la autoridad estatal.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto donde la coordinación entre distintos niveles de gobierno es crucial para la gestión de riesgos y la seguridad pública en eventos masivos. El caso podría sentar un precedente sobre los límites de la autonomía municipal frente a las regulaciones técnicas de las dependencias estatales en materia de protección civil.
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