Ottawa, 10 de junio de 2026.- El gobierno canadiense presentará un proyecto de ley denominado Ley de Seguridad Digital, con el objetivo de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. La iniciativa busca establecer estándares de seguridad para las plataformas digitales mediante la creación de un nuevo regulador federal.
Marc Miller, ministro de Identidad y Cultura Canadiense, declaró que la medida es una ‘prioridad’ y justificó la decisión afirmando: ‘Los chicos están muriendo’. Según el funcionario, ‘es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo’. Bajo la propuesta, las plataformas que cumplan con los estándares establecidos podrían solicitar excepciones para admitir usuarios menores de esa edad.
La legislación también pretende abordar los riesgos asociados a los chatbots de inteligencia artificial. Esta disposición surge en parte tras la matanza ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, Columbia Británica, donde el atacante utilizó ChatGPT; se señaló que las conversaciones fueron detectadas internamente pero no comunicadas a la Policía. Por ello, la iniciativa obligaría a las empresas tecnológicas a ser más transparentes sobre los criterios para alertar a las autoridades sobre usuarios con intenciones de autolesionarse o dañar a otros.
Ante las críticas sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó dichos señalamientos. La propuesta cuenta con amplio respaldo ciudadano: una encuesta del Instituto Angus Reid publicada en marzo reveló que el 75% de los canadienses apoya una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87% respalda vetar determinadas plataformas para este grupo etario.
El mismo sondeo indicó que el 94% de los encuestados expresó preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores, así como por los riesgos de adicción. Si es aprobada, Canadá se sumaría a países como Australia, que implantó una prohibición similar en diciembre de 2025. Otras naciones como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido estudian o han anunciado medidas similares.
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