Por Redacción
Secretaría De Gobernación (Ciudad De México, Según Múltiples Fuentes), 15 de marzo de 2026.- La coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció un acuerdo para respaldar el denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras intensas negociaciones lideradas por la Secretaría de Gobernación que se extendieron hasta la madrugada del sábado. La iniciativa, enfocada en la “austeridad republicana”, busca reducir privilegios y costos del sistema político, particularmente en legislativos locales y municipios, con un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos, según diputados locales de Morena.
El senador y coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier Velazco, declaró en la madrugada del 14 de marzo, al salir de las instalaciones de Gobernación, que ya existía “un acuerdo muy perfilado” y que estaba “concluido”, pendiente solo de que la dependencia federal lo hiciera público. Horas más tarde, sin embargo, el diputado federal y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, matizó la información al afirmar que “todavía no hay acuerdo con PT y PVEM para Plan B”, aunque reconoció una “buena actitud” e “intención política correcta” por parte de los aliados.
Pese a la aparente contradicción en las declaraciones, el respaldo político se materializó a lo largo del día a través de comunicados y posicionamientos. Los senadores de Morena, PT y PVEM emitieron un comunicado conjunto respaldando el Plan B “propuesto por la presidenta Constitucional”. De forma paralela, los grupos parlamentarios de Morena en los 32 congresos estatales publicaron un desplegado donde expresan su acompañamiento a la reforma, argumentando que permitirá “terminar con privilegios y reducir los altos costos de la política mexicana”.
El PVEM, por su parte, destacó en un comunicado separado las coincidencias con la propuesta en puntos específicos como destinar los ahorros a programas sociales, terminar con privilegios en el uso de dinero público, disminuir presupuestos en congresos locales, establecer topes máximos en sueldos de legislativos estatales y reducir el número de regidores en cabildos municipales.
La presidenta Sheinbaum, consultada el viernes sobre el respaldo de sus aliados, respondió de manera cautelosa: “Vamos a ver cómo responden”. Agregó que la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, “está armando y terminando la propuesta” para enviarla al Congreso de la Unión la próxima semana.
Este “Plan B” surge después de que la primera iniciativa de reforma electoral presentada por el gobierno federal fuera rechazada, en parte, por la falta de apoyo unánime del PT y el PVEM en la Cámara de Diputados. A diferencia de aquella propuesta, que incluía cambios profundos al Instituto Nacional Electoral (INE), el nuevo plan se centra en medidas de austeridad y reducción de gasto en las estructuras políticas subnacionales, un enfoque que parece haber logrado mayor consenso entre los partidos de la coalición gobernante. El acuerdo allana el camino para el envío formal de la iniciativa al Poder Legislativo en los próximos días.
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