Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó correcciones a seis registros de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), ajustando a la baja los montos originalmente reportados tras recibir datos complementarios de la empresa el 17 de marzo de 2026. Las modificaciones afectan a seis ex trabajadores cuyos beneficios inicialmente figuraban con valores superiores o cercanos al millón de pesos, siendo redefinidos a cantidades significativamente menores.
De acuerdo con la información oficial, las correcciones implicaron reducciones drásticas en los montos mensuales. El registro que inicialmente reportaba 1,107,361.34 pesos fue ajustado a 201,961.34 pesos. Otro caso pasó de 987,978.50 a 170,978.50 pesos, mientras que una pensión de 976,512.80 pesos se redujo a 160,512.80 pesos. Asimismo, un monto de 972,626.98 pesos fue corregido a 155,626.98 pesos; uno de 655,515.92 pesos bajó a 170,915.92 pesos, y finalmente, una pensión de 500,052.60 pesos quedó establecida en 63,921 pesos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que estos cambios se efectuaron al padrón de pensiones publicado originalmente el 13 de marzo, después de que la petrolera estatal proporcionara la información complementaria que motivó la actualización de los registros. Aunque las fuentes oficiales confirman la recepción de dichos datos y la consecuente corrección, no se especifica el motivo técnico o administrativo por el cual Pemex generó esta nueva información ni si forma parte de una auditoría más amplia o un proceso de verificación rutinario.
Estos ajustes se producen en un contexto de debate público y legislativo respecto a la reforma del artículo 127 constitucional, la cual impone un tope a las pensiones públicas. Analistas y opinadores han señalado que la aplicación retroactiva de dicha reforma podría vulnerar derechos patrimoniales ya adquiridos y afectar la seguridad jurídica de los beneficiarios.
Guillermo Rivera Millán, en un análisis para el Semanario ZETA, advirtió sobre los riesgos de aplicar cambios retroactivos que impacten el derecho humano de propiedad, aunque las fuentes primarias no vinculan explícitamente las correcciones específicas de Pemex con la entrada en vigor de la reforma constitucional. Los involucrados en el proceso incluyen a funcionarios de la Secretaría Anticorrupción y representantes de Pemex, sin que se hayan detallado declaraciones individuales sobre las causas puntuales de cada ajuste.
La publicación de estos datos corregidos marca un nuevo capítulo en la transparencia de los beneficios de los ex trabajadores de la paraestatal, en medio de la vigilancia gubernamental sobre el gasto en pensiones y las discusiones sobre los límites legales a dichos pagos en el sector público.
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