Ciudad De México, 15 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados realizó el 14 de abril de 2026 la declaratoria constitucional del Plan B en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, instruyó el turno del decreto al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma fue avalada por 19 legislaturas estatales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. La iniciativa que llegó a los congresos locales difirió del proyecto original enviado por Sheinbaum Pardo, luego de que el Partido del Trabajo (PT) en el Senado logró excluir los cambios que buscaban adelantar la revocación de mandato y empatar ese proceso con las elecciones intermedias de 2027.
En su versión definitiva, la reforma topa en 15 el número de regidurías en los ayuntamientos y establece que éstas deberán asignarse bajo los principios de paridad de género. Asimismo, fija que los recursos anuales de los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. La norma dispone que los consejeros electorales, magistrados electorales, así como los titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE) no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República; restricción que aplica también a funcionarios de organismos electorales y tribunales electorales locales.
Por otra parte, la reforma establece que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los cuatro años siguientes hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales respecto a su presupuesto de 2026. Paralelamente a la promulgación de la ley, continúa el proceso de selección para cubrir tres consejerías vacantes del INE, donde ya sólo quedan 100 aspirantes, 50 mujeres y 50 hombres, tras la conclusión de los exámenes de idoneidad en San Lázaro.
Kenia López Rabadán pidió al Comité de Evaluación dar certeza y transparencia a las evaluaciones. “Es necesario que quien forme parte del INE, no debe estar marcado por la duda. Es necesario exigir en todo este proceso que podamos tener certeza, transparencia y una garantía democrática”, afirmó. La legisladora cuestionó la ausencia de perfiles con alta experiencia: “¿por qué no están?”, preguntó, refiriéndose a presidentas de tribunales y magistrados. Advirtió que, de no lograrse las dos terceras partes de los votos en el Pleno el próximo miércoles, se podría llegar a la insaculación, pero subrayó: “esas personas deben ser las mejores, esas posiciones son posiciones de Estado”.
Sin embargo, existen señalamientos sobre la integración del Comité Técnico de Evaluación, descrito por medios como integrado por personajes vinculados a Morena, entre ellos Bernardo Valle, cercano a la Presidenta, y Arturo Manuel Chávez, quien trabajó en el gobierno de la CDMX durante la gestión de Sheinbaum. También se mencionan seis u ocho perfiles vinculados a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN, descalificó el proceso: “El acuerdo del Comité Técnico de Evaluación es formalmente inválido y materialmente arbitrario. No motiva ni justifica la determinación y razones para integrar la lista de 100 aspirantes”.
Téllez añadió: “Éste es el mismo procedimiento ocupado para la Reforma Judicial y lo hemos criticado por concentrar el poder, pero ahora en la Cámara de Diputados”. Por su parte, Ricardo Monreal rechazó los rumores de filtración de exámenes: “No me meto en eso. Voy a dar crédito al trabajo del Comité de Evaluación. No tengo idea de por qué se obtuvieron esas calificaciones ni cómo se realizó el examen, pero confío plenamente en la autonomía y el compromiso de la comisión”.
María del Carmen Alanís Figueroa, quien obtuvo 79 puntos sobre 100 en el examen, afirmó que el proceso presenta deficiencias en transparencia y reglas poco claras. “Yo consideré que podía sumar, pero me equivoqué”, dijo la experta con 40 años de trayectoria electoral. Alanís relató que durante la aplicación de la prueba, personal de apoyo le pidió acelerar porque “estaban esperando a que llegara el INE que les estaba apoyando en todo”. Sobre las altas calificaciones de otros aspirantes, comentó: “¿Cómo estas personas tienen casi el 100?”, aunque aclaró respecto a los rumores de filtración: “Yo no me atrevería a sostenerlo, es lo que se dice”. Hoy comienzan las entrevistas públicas de los 100 aspirantes, que se extenderán del 14 al 16 de abril.
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