Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera el 8 de junio de 2026 en la autopista México-Cuernavaca, específicamente en el tramo de la caseta de Tlalpan. La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que el operativo se activó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en vehículos donde viajaban padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y maestros de la CETEG, quienes se dirigían a la capital para participar en actividades de protesta.
La agrupación Zorros fue la encargada de decomisar los artefactos encontrados en una caja dentro de uno de los vehículos y resguardarlos. En el lugar, agentes de la policía capitalina bloquearon el acceso por la caseta de Topilejo desde aproximadamente las 10:00 horas, lo que impidió el paso de al menos 20 camiones. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que cientos de granaderos y elementos de la Guardia Nacional les impidieron el paso. Isidoro Vicario, abogado representante legal de los familiares, declaró: “Hoy, el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y de la Fetsu, de Guerrero, se dirigían a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana desde hace más de dos horas que no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan”. Alrededor de las 14:00 horas se informó que la caseta fue liberada.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, señaló que poco a poco se van a ir liberando los autobuses y afirmó: “estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas. Apelamos a que no haya uso de la violencia en las movilizaciones y a la manifestación pacífica”. El operativo contó con la participación de la Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad de México.
En paralelo, las clases en Chiapas permanecen suspendidas en la mayor parte del estado, con más de un millón y medio de estudiantes sin actividades escolares tras ocho días de paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El impacto del paro alcanza alrededor del 95% de las más de 19 mil escuelas de la entidad. El magisterio mantiene la toma permanente de la planta de distribución de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, acción que Sebastián Méndez Jiménez, integrante de la Dirección Política Estatal, informó fue acordada por la Asamblea Estatal Permanente.
Las demandas centrales de la organización son la abrogación de la Ley del ISSSTE y la eliminación o reestructuración del sistema de contratación y promoción docente (USICAMM). La CNTE sostiene que la interlocución debe realizarse directamente con la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. Se mantiene un plantón nacional en la Ciudad de México con la participación de contingentes de diversas regiones del país.
En Baja California, maestros de la CNTE liberaron el 5 de junio de 2026 las casetas de peaje de Playas de Tijuana, Rosarito y Ensenada en su quinto día de huelga indefinida. Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador de la CNTE en la entidad, explicó que buscan que la presidenta cumpla su promesa de campaña de abrogar la Ley del ISSSTE 2007. Entre sus demandas figuran jubilaciones dignas, desaparición de las Afores y el pago de un adeudo salarial a casi 3 mil docentes interinos que asciende a casi mil millones de pesos. El paro es indefinido, dependiendo de la respuesta de la presidenta y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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