Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y reparación integral a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Los colectivos acusaron que, hasta la fecha, no se ha logrado justicia efectiva para las 82 víctimas registradas en la tragedia.
En un conversatorio llevado a cabo en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) expusieron las deficiencias en los procesos judiciales. Denunciaron que los responsables de mayor jerarquía se encuentran en procesos penales que les benefician mediante una justicia desigual, citando específicamente el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público mientras ocupa otro cargo público.
Lorena Cano, del Imumi, detalló que actualmente no todos los sobrevivientes han recibido compensación económica o reparación del daño. Expuso que 15 mujeres que vivieron la tragedia no han sido reconocidas legalmente como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas, lo que les impide acceder a los apoyos correspondientes. A la fecha, el estatus legal de estas mujeres sigue sin resolverse a pesar de haber estado presentes en el inmueble durante el siniestro.
Sobre el avance de las investigaciones, las organizaciones señalaron que únicamente hay cuatro personas en prisión, mientras que siete individuos más siguen su proceso en libertad. Los procedimientos penales carecen de sentencias firmes contra funcionarios del instituto migratorio, personal de seguridad privada y otros involucrados. Las agrupaciones enfatizaron que la falta de resolución judicial perpetúa la impunidad en un caso que consideraron abierto.
Durante la conmemoración en la frontera, se llevó a cabo un viacrucis convocado por varias agrupaciones, incluyendo el Servicio Jesuita a Refugiados y la Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez, quienes reiteraron su llamado al Estado mexicano para cumplir con la reparación integral del daño. Las organizaciones sostienen que la negativa a otorgar reconocimiento legal pleno a las sobrevivientes constituye una violación continua a sus derechos.
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