Derrumbe en San Antonio Abad deja tres muertos y desata conflicto de atribuciones

Por Redacción

Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en el inmueble de San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, provocó la muerte de tres trabajadores el pasado 9 de marzo, mientras que un cuarto, identificado como Ángel Miranda, logró sobrevivir. El incidente ha generado una demanda por negligencia contra la empresa responsable y un enfrentamiento político entre el gobierno capitalino y la alcaldía por las atribuciones en la supervisión de demoliciones.

El despacho jurídico Vega Mac Gregor Arellano interpuso una demanda en representación de Miranda, argumentando irregularidades en la póliza de responsabilidad civil de la empresa encargada de la demolición, cuyo nombre no ha sido oficialmente revelado. La demanda busca responsabilizar a la compañía por las condiciones inseguras que derivaron en el colapso.

Mientras la Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga los hechos, el conflicto se ha trasladado al ámbito político. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el Gobierno de la Ciudad de México mantienen un diferendo sobre quién tiene la responsabilidad de verificar las demoliciones, particularmente en la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’ que, según versiones, limitaría las facultades de supervisión de la alcaldía.

Luisa Gutiérrez, representante del PAN en la capital, salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega, señalando que la alcaldía ha cumplido con solicitar las verificaciones correspondientes, pero el Gobierno capitalino no ha dado respuesta a las 456 solicitudes de inspección pendientes desde octubre de 2025.

El derrumbe ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de al menos 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición y que podrían presentar riesgos similares. La identidad de los tres trabajadores fallecidos y el estado de salud actual de Ángel Miranda permanecen sin divulgarse oficialmente.

Este caso revela las fisuras en el sistema de supervisión de obras en la capital y plantea interrogantes sobre la efectividad de los protocolos de seguridad en demoliciones, en un contexto donde la presión por la renovación urbana choca con la necesidad de garantizar condiciones laborales seguras.