Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar la crisis de desplazamiento forzado interno en México, que afectó a 390,000 personas entre 2016 y 2024, con picos de 28,900 víctimas en 2024 y 15,795 en 2025, principalmente en estados como Morelos y Guerrero. La petición surge en un contexto de violencia criminal, disputas territoriales y presunta participación de entidades estatales en ejecuciones extrajudiciales, como el reconocimiento parcial del Estado por la muerte de Bonfilio Rubio Villegas.
El fenómeno del desplazamiento forzado se ha documentado en regiones con alta presencia de grupos del crimen organizado trasnacional, que operan múltiples actividades ilícitas más allá del narcotráfico. Estas organizaciones, según análisis de medios, mantienen vínculos con entidades legales y estatales, lo que complica el combate a la violencia y la protección a civiles.
La impunidad en casos emblemáticos agrava la crisis. Recientemente, Javier ‘N’ fue absuelto por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, luego de que la Fiscalía federal presentara pruebas insuficientes. Dos testigos clave fueron asesinados durante el proceso y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones, según reportes periodísticos.
Paralelamente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, cometida por el Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la culpabilidad de las fuerzas armadas.
Organizaciones de la sociedad civil argumentan que estas fallas institucionales y la colusión entre crimen y autoridades profundizan la vulnerabilidad de comunidades enteras, obligadas a huir de sus hogares. La solicitud a la CIDH busca presionar al gobierno para implementar políticas efectivas de protección, verdad y reparación para las víctimas del desplazamiento forzado y la violencia estatal.
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