Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.
La probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente, mientras que hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales. Específicamente, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales han aumentado un 770% en este periodo. Este repunte se tradujo en un incremento de cinco veces en el número de deportaciones y las salidas voluntarias y retornos se multiplicaron por 28, un fenómeno que el Reporte de la Universidad de California Berkeley describe como algo donde “muchas más personas optaron por desistir de sus casos”.
Para financiar estas operaciones, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado estos acuerdos, recibiendo más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 dólares por cada agente que entre en el programa y comience a arrestar migrantes. Florida y Texas lideran la adhesión con 270 y 161 departamentos respectivamente.
La Administración Trump también cuadruplicó con creces (4.5 veces) el número de camas de detención destinadas a personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La liberación en un plazo de 60 días tras la detención se convirtió en un suceso excepcional, representando solo el 7% de los casos, mientras que la tasa de deportaciones ejecutadas en dos meses se duplicó, pasando del 27% al 57%. Bajo este gobierno, más del 70% de las personas retenidas en centros de detención no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico.
La agresividad de los operativos ha generado incidentes violentos y controversias. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, afirmó que los oficiales efectuaron “disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a un agente. Lyons declaró que las acciones fueron “para protegerse a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público”, y añadió que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador por un asesinato. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado de Mendoza Hernández, negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos de absolución, asegurando que el hombre huyó porque temió por su vida: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”.
El clima de temor también ha tenido consecuencias fatales. Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin acudir a un hospital por miedo a ser detenido y deportado. Su viuda, Guadalupe, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. Desde que Trump regresó al poder, se han reportado agentes enmascarados entrando en hospitales para realizar arrestos, una práctica prohibida anteriormente en lugares sensibles que fue derogada como una de las primeras acciones del nuevo gobierno. Organizaciones de defensa de migrantes señalaron que estas acciones “provoked fear in the community”.
Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, criticó los incentivos económicos a la policía, argumentando que el programa “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, contradiciendo la postura del Departamento de Seguridad Nacional, que sostuvo que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
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