Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos anunció la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), medida que entrará en vigor a partir del 5 de junio de 2026.
El Departamento de Estado argumentó la decisión describiendo a ambas bandas como las organizaciones criminales más grandes de Brasil y responsables de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles”. Según estimaciones de autoridades y expertos en seguridad, el CV y el PCC cuentan con decenas de miles de miembros entre integrantes directos y redes de apoyo.
La designación se oficializó después de que el senador y candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro solicitara directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a la Casa Blanca el martes, que clasificara a estas organizaciones como “narcoterroristas”. Flávio Bolsonaro, quien compite en las presidenciales de octubre, se presenta como un candidato de línea dura en materia de seguridad.
En contraste, el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha opuesto abiertamente a la designación de ambas bandas, argumentando que esto podría justificar una intervención militar estadounidense en su territorio.
En un contexto regional de cooperación contra el crimen, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia firmaron el Compromiso de Santiago, un acuerdo para profundizar la colaboración frente al crimen organizado transnacional. Inicialmente se había informado que Guatemala también se había sumado al acuerdo, pero un desmentido posterior encendió las alertas sobre los límites de dicha cooperación.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, solicitó cooperación a EE.UU. para apoyar operaciones antidrogas lideradas por fuerzas guatemaltecas. Arévalo subrayó que no hay una solicitud para que militares estadounidenses realicen operativos en Guatemala y que una autorización de ese tipo correspondería al Congreso de la República.
Estos debates sobre la presencia extranjera surgen tras la muerte de dos agentes de la CIA en el norte de México el 19 de abril pasado, después de una operación para destruir un laboratorio de drogas, hecho que elevó cuestionamientos sobre el nivel de autorización que tenía dicho personal. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó posteriormente que había agentes que operaban sin autorización y que algunos abandonaron el país a solicitud de las autoridades.
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