Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua, eliminando la prohibición expresa que existía en la Carta Magna. La enmienda, impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, recibió 61 votos a favor, incluyendo el apoyo de dos diputados de oposición, en medio de un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años y acusaciones internacionales de violaciones a derechos humanos.
La reforma modifica el artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que hasta ahora establecía que “la pena de muerte, la cadena perpetua y las penas infamantes o proscriptivas están prohibidas”. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que las acciones del gobierno en materia de seguridad son “irreversibles”, aunque no especificó la fecha exacta de entrada en vigor de la modificación legal.
El presidente Bukele ha presentado la medida como una herramienta necesaria en su lucha contra la violencia de las pandillas, política que le ha granjeado altos niveles de popularidad interna. “Es un paso más en nuestra firme determinación de recuperar la paz y la seguridad para todos los salvadoreños”, señaló el mandatario a través de sus canales oficiales tras la votación.
Sin embargo, la aprobación se produce en un contexto de creciente preocupación internacional. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó recientemente las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño con posibles crímenes de lesa humanidad durante la vigencia del régimen de excepción, que ha permitido la detención masiva de presuntos pandilleros.
Organizaciones de derechos humanos han criticado la reforma, argumentando que representa un retroceso en las garantías fundamentales y que podría utilizarse como un instrumento de persecución política. La medida contrasta con las tendencias en otros países de la región, donde se debate la reducción de penas y enfoques más rehabilitadores.
El camino para la implementación completa de la cadena perpetua aún requerirá de desarrollos legislativos secundarios que definan para qué delitos específicamente se aplicará la pena máxima. Analistas políticos anticipan que el gobierno buscará utilizarla principalmente contra líderes de estructuras criminales y casos de homicidio agravado, consolidando un modelo de seguridad basado en la mano dura.
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